El sábado 28 de octubre juraron en el teatro San Martín los 49 legisladores electos en los comicios postergados del 11 de junio, luego de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera las elecciones del 14 de mayo, mediante una cautelar en la que se invalidaba la candidatura a vicegobernador de Juan Manzur, por no respetar la alternancia reglamentada en la Constitución provincial.

Manzur pretendía burlar la Constitución que él mismo reformó, al frente de la Convención Constituyente de 2006, cuyo principal objetivo encubierto fue habilitar el ilegítimo tercer mandato de José Alperovich. Esa nueva Carta Magna inauguró los onerosos acoples clientelares, amplió el número de bancas de la oscurantísima Legislatura, entre varias otras reformas que nunca se cumplieron, como por ejemplo el voto electrónico. Es un texto plagado de parches y de artículos que se violan sistemáticamente, porque no permite las enmiendas, recurso que permitiría ir perfeccionando este estatuto sin necesidad de convocar a una reforma integral. Este fue el principal pretexto al que apeló Manzur en sus ocho años de gobierno para negarse a realizar reformas en el sistema electoral y para promover mecanismos de transparencia y de ética pública de los que adolece Tucumán y ubica a la provincia en el peor lugar dentro del ránking nacional de honestidad política.

De los 49 parlamentarios 13 renovaron su banca para cumplir un segundo mandato. Los otros 36 son “nuevos”, aunque en rigor son nombres que se repiten en ese eterno enroque de la política: 13 fueron intendentes y los otros 23 vienen de ocupar cargos en ámbitos nacionales, provinciales y municipales.

Al menos una decena pidió licencia apenas luego de jurar para integrar el gabinete provincial de Osvaldo Jaldo o sumarse al Congreso nacional.

La estrepitosa derrota de Sergio Massa el 19 de noviembre limitó aún más la sangría legislativa y de otros dirigentes peronistas que fantaseaban con proyecciones nacionales.

Los primeros 14 proyectos

El lunes 30 de octubre, a las 8.16, menos de 48 horas después de la asunción, ingresó a la mesa de entrada legislativa el primer proyecto de ley de este nuevo período parlamentario. Se trata de una propuesta de adhesión de la provincia de Tucumán a la Ley Nacional 27.275, que establece el Derecho al Acceso a la Información Pública.

Es un nuevo intento que se realiza en los últimos siete años, entre oficialistas y opositores, para terminar con el secretismo en las cuentas públicas, que tanto daño le han ocasionado a las arcas provinciales, al promover la total discrecionalidad de los manejos presupuestarios en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Fue elaborado y rubricado por el bloque radical Valores para Tucumán, que integran el productor agropecuario José Seleme, la ex senadora Silvia Elías de Pérez, y el ex jefe de Gabinete de Yerba Buena, Manuel Courel.

Este bloque presentó esa misma mañana otros 13 proyectos que se confeccionaron durante los meses de transición, entre las elecciones de junio y la asunción de octubre.

Además de la adhesión a la Ley nacional de Acceso a la Información Pública, esta batería de proyectos incluye otros como la derogación del impuesto a la salud pública, que ya fue suprimido en 17 provincias argentinas porque obstaculiza la generación de nuevos empleos genuinos; la derogación de la ley que creó al IPLA, ya que, según sus fundamentos, “dejó de cumplir con su rol de lucha contra el alcoholismo para convertirse en un ente recaudador, tarea que debe estar en cabeza de los municipios”; y también la necesidad de declarar la emergencia vial para la ruta 321, en el tramo de Macomita – Los Ralos, también llamada “la ruta de la producción”, porque por allí ingresan toda la caña de azúcar, los limones y los granos hacia los centros acopiadores. “La ruta está destruida y representa un grave peligro ”, indicaron.

El derecho a saber

El proyecto que propone transparentar la administración de los dineros públicos consta de siete artículos. El primero, la adhesión a la Ley nacional sancionada en 2016. El segundo dispone que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia.

El tercero enumera que los sujetos obligados a brindar acceso a la información pública serán los organismos que componen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos descentralizados con o sin autarquía y cualquier otra entidad u órgano equivalente de conformidad a cada una de las jurisdicciones creadas y por crearse.

En el artículo 4° se ordena la creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública, y en el 5° se especifica que habrá un director de esa Agencia de Acceso a la Información Pública de Tucumán, que será el representante provincial ante el Consejo Federal para la Transparencia.

El apartado 6° se refiere a las apelaciones y se dispone que “las decisiones en materia de Información Pública serán interpuestas por reclamo administrativo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Provincia y serán recurribles ante la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de Tucumán.

El séptimo simplemente establece que se comunique esta nueva ley.

Entre los fundamentos se destaca que el acceso a la información pública es un derecho de todo ciudadano de poder acceder, solicitar y recibir información que se encuentre en cualquiera de los tres poderes del Estado provincial. Esto garantiza la transparencia de la gestión de los organismos del Estado y del uso de los dineros públicos, a la vez que genera confianza en el sistema democrático y reduce los niveles de corrupción, además de promover la participación ciudadana y ayudar al fortalecimiento de las instituciones.

Apuntan que desde que el Congreso de la Nación sancionó la ley se ha generado un gran avance en el desarrollo de una política federal de transparencia institucional y que sólo cuatro provincias no han adherido: Tucumán, Formosa, La Pampa y San Juan.

De fracaso en fracaso

Los legisladores Elías de Pérez, Seleme y Courel recuerdan que en Tucumán se presentaron numerosos proyectos legislativos, incluso antes de la sanción de la ley nacional, y hasta se realizaron acuerdos para trabajar en ese camino, como el concertado en junio de 2018, entre la Universidad Nacional de Tucumán, el Colegio de Abogados y algunos legisladores. Sin embargo, el proyecto no prosperó, lo que motivó, en agosto de 2021, que representantes de distintos sectores de la sociedad, reunidos en la Mesa de Diálogo, convocada por el arzobispo de Tucumán, se expresaran por la imperiosa necesidad de que la Provincia cuente de una vez por todas con una Ley de Acceso a la Información Pública. Hasta ahora -subrayaron- las voces de todos estos sectores han sido desoídas.

Afirmaron que tampoco ha sido tenida en cuenta la advertencia de la Corte Suprema de la Provincia acerca de que Tucumán no puede seguir ignorando la existencia de una ley nacional que reconoce al acceso a la información pública como un derecho humano.

No deja de ser una contradicción por parte de la Corte, ya que a fines de 2021 el máximo Tribunal denegó un pedido de información sobre los empleados legislativos, presentado por el constitucionalista Luis Iriarte, en concordancia con la posición que ya había tomado el Gobierno y el Ministerio Público Fiscal, en cuanto a que la petición abarca “datos sensibles” protegidos, y cuya divulgación podría dar lugar a “estigmatizaciones”.

Resulta una tremenda paradoja que la nómina de empleados públicos se mantenga en secreto, violando numerosas instituciones jurídicas nacionales e internacionales, mientras que todos los datos de los empleos privados el Estado los hace públicos.

El acceso a la Información Pública se encuentra reconocido implícitamente en los artículos 1, 14 y 33 de la Constitución Nacional, y en forma explícita en el artículo 75, inciso 22, dada la inclusión de los pactos y tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que el derecho de peticionar ante cualquier autoridad competente es uno de los derechos esenciales del hombre.

Por ello la vulneración de este derecho en que incurre Tucumán desde hace siete años es claramente inconstitucional y así lo entendieron 20 distritos argentinos, 19 provincias más CABA, que ya se adhirieron a la Ley 27.275.

Un compromiso pendiente

1. Cuidar y proteger la democracia.

2. Luchar contra la pobreza y la exclusión.

3. Generar trabajo digno para todos.

4. Ética y transparencia en la cosa pública.

5. Luchar contra la corrupción y la impunidad.

6. Fortalecer una educación inclusiva e integral.

7. Prevención de las adicciones y lucha contra el narcotráfico y la inseguridad.

8. Acceso de todos a la salud y al agua potable.

9. Promover y trabajar por el cuidado del medio ambiente, como un patrimonio de todos a resguardar y proteger.

10.Cambiar el sistema electoral.

11. Austeridad en la gestión del Estado.

Estos fueron los 11 puntos que firmaron en un acta de compromiso cinco de los siete candidatos a gobernador, el 6 de junio pasado, en el Arzobispado de Tucumán.

El acta lleva la rúbrica de Osvaldo Jaldo, Roberto Sánchez, Ricardo Bussi, Federico Masso y Juan Coria. Se negaron a estampar su firma Martín Correa (Frente de Izquierda) y Raquel Grassino (Política Obrera).

Como garantes estuvieron presentes el arzobispo Carlos Sánchez, el obispo auxiliar Roberto Ferrari, miembros de la Pastoral Social y de la mesa de diálogo, y líderes religiosos de otros credos.

Aunque estos 11 puntos de alguna manera le competen a los 1,8 millones de tucumanos, con mayor o menor responsabilidad según el caso, la firma que hoy más peso tiene es sin dudas la de Jaldo, que resultó electo gobernador.

Hasta acá ninguna de las 11 consignas se ha cumplido al 100%, y en algunos casos se incumple en su totalidad.

El 1 de marzo de 2024, Jaldo deberá exponer su primer balance de gestión ante los parlamentarios y los miembros de la Corte, entre otras autoridades, durante la apertura del 119° período de sesiones ordinarias en la Legislatura.

Será una buena ocasión para repasar los puntos de este compromiso asumido por Jaldo, que condensa la tremenda y vergonzosa deuda interna que arrastra la clase política con todos los tucumanos.